Por Martín Mazal

 

Mayra Bogado se presenta como un problema. Su identidad fue un problema para su cuerpo, que no la dejó ser mujer hasta que decidió modificarlo. Convertida en trans pasa a ser un problema para el sistema laboral que no la incorpora y la rechaza como tal, y para hacerse cargo de su madre, tuvo que solucionar este problema mediante la prostitución. Esto la convirtió en un problema para el sistema de salud y, más aún, para los vecinos del Barrio Ñú Porá, que no soportaron tener entre sus vecinos a una mujer trans con HIV que tuviese que dedicarse a la prostitución.

Cuando el barrio se libró de ella mediante una denuncia de pedofilia, Mayra pasó a ser un problema para el sistema penal, que como no sabía dónde mantenerla detenida, la dejó en la comisaría seccional 18va. Allí permaneció tres meses aislada, relacionándose solamente con el personal policial femenino y los hombres de mayor rango. En este abandono y sin respuesta a su pedido de excarcelación, Mayra tuvo que hacer una primera huelga de hambre para que la saquen del aislamiento y la trasladen al anexo de la comisaría 2da, destinada a casos de prisión preventiva. Dos meses después el juez Jiménez ordenó que se la traslade posteriormente a la Unidad Penal V de mujeres.

Yo soy algo nuevo para el Servicio Penitenciario de la Provincia. No saben cómo lidiar conmigo, porque vamos a ser sinceros, no saben si soy hombre, si soy mujer, o qué. El tema es que yo soy una mujer transgénero, pero tanto la sociedad, la justicia ni la policía, no tienen la mente abierta a lo qué es ser transgénero. ¿Por qué? Porque jamás pensaron tener una situación como la que estoy pasando ahora.

“La pelada” se le llama a tres celdas dentro del Penal en donde se encierra por un tiempo a las presas que han cometido alguna infracción o falta de conducta. Desde su llegada a principios del 2016, Mayra durmió en una de estas celdas destinadas al castigo y allí permaneció durante ocho meses porque no sabían dónde meterla. En la Unidad V, sin embargo, podía recibir visitas y pasar tiempo con su madre dos veces a la semana, lo que sirvió de ayuda para poder sobrellevar mejor esta situación.

Estas acá adentro y ¿en qué vas a pensar? Pensás únicamente en tu causa y en tu familia. Yo como familia tengo solo a mi madre, y ella es la primera visita que tengo, todos los miércoles y domingos.

Finalmente, después de todo este tiempo, se le dio un trato más acorde a lo que establece la Ley, otorgándole un pabellón destinado a su identidad de género.

 

Abandono

Estando detenida, Mayra no es solo un problema para el penal sino también para los organismos que tendrían que velar por su bienestar y que, sin embargo, parecen haberse olvidado de ella. Ante el pedido de la fiscal de elevar la causa a juicio oral, en febrero presentó junto a su abogado un pedido de liberación por falta de mérito. Más de dos meses descansó su pedido en el Juzgado de Instrucción N°7 sin siquiera ser revisado.

Este abandono agrava su salud, ya que si bien en el penal se le brinda atención médica y psicológica, Mayra necesita tomar diariamente medicamentos que le ayuden a controlar el HIV. La provista de estos medicamentos no es lo suficientemente regular y esto hace que su cuerpo genere inmunidad y precise de más medicamentos para seguir el tratamiento. Al momento de ser detenida, Mayra tomaba un coctel de 3 medicamentos por día, hoy necesita 7 y si no se les facilitan con regularidad su estado de salud continuará deteriorándose.

Es por esto que en abril Mayra inició una segunda huelga de hambre que acaparó la atención de los medios y autoridades provinciales y nacionales. Entre ellas, recibió la visita de Lidia Pérez, de la Federación Argentina LGBT, también alarmada por la apatía con la que las autoridades están llevando su caso, quien señaló:

En su estado procesal podrían haberle dado una excarcelación que le niegan, porque ella no es una persona que se va a fugar. El arresto domiciliario por su problemática de salud también se lo negaron. Entonces nosotros entendemos que pueda haber una práctica homofóbica específica o transfóbica sobre la detención de Mayra. Todas las pruebas recolectadas no la imputan a ella.

Finalmente, luego de la huelga de hambre, por la presión ejercida por el Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia, la Asociación de Travestis Transexuales y Transgénero de la Argentina y la Federación Argentina LGBT, el juez Jiménez revisó nuevamente el expediente. Aún sin existir pruebas que la inculpen directamente, decidió negar su pedido de libertad por falta de mérito y elevar la causa a juicio oral. Después de un año y ocho meses de encierro, Mayra Bogado es otra de las mujeres que se encuentran esperando un juicio que no tiene fecha.

 

Correccional de género

Muchas veces se olvida que, dentro de una institución carcelaria, los internos tienen los mismos derechos que cualquier persona. El sistema penal debe asegurar que toda persona privada de su libertad tenga acceso a la salud, la educación, el trabajo y condiciones dignas dentro de un penal. Cualquier vulneración a estos derechos básicos, sea por reducciones presupuestarias, falta de gestión o desinterés político, exponen al sujeto encarcelado a una violencia a través de su abandono en un contexto de encierro y hacinamiento que está lejos de promover una re-socialización y re-habilitación del sujeto encarcelado. Como afirma la socióloga Sandra Marina,

“Que el propio sistema penitenciario en su ejercicio de control produzca que la cárcel sea violenta en su cotidianidad es sin duda una estrategia de gobernabilidad carcelaria, una forma muy económica en el ejercicio del poder que suprime de responsabilidad a quien ejerce la gestión del encierro.”

(S. Marina, 2015)