Luego de haberse asimilado y establecido un debate que fue arduo y de varios meses en 2018, el panorama en 2020 fue totalmente distinto y se vio resumido a una velocidad inusitada. Frente al compromiso asumido por Alberto Fernández de trabajar este proyecto, tras un año de postergaciones a causa de “los imprevistos causados por la pandemia del Covid-19”, los distintos sectores feministas de todo el país impulsades y nucleades desde la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, visibilizaron una vez más el reclamo ayudando a ponerlo en agenda antes de que se terminara 2020. 

Tras un año sumamente complejo por todas las crisis que expuso y de alguna forma dilató el fenómeno pandemia, el debate y su resolución se dieron finalmente en los últimos 15 días del año. Una discusión reñida, histórica e inolvidable, pero donde todavía se vislumbraban prejuicios increíblemente existentes en 2020.

Sin embargo, por primera vez el debate salió de sus propios márgenes para trascender en la palabra de Diputadxs y Senadorxs entre los cuales, muchos haciendo uso de su voto por segunda vez (y respecto de un Proyecto de Ley que presentaba ligeras adaptaciones al de 2018), cambiaron su postura habiendo entendido la necesidad de una Ley que brinde acompañamiento y salud en un acto de “justicia social”. Fueron los casos de la diputada misionera Flavia Morales o lxs senadores Silvina Garcia Larraburu, Lucia Crexxel, Sergio Leavy y Guillermo Snopek. 

Existe una realidad ineludible: las leyes de Educación Sexual Integral, Embarazo Respetado, la Interrupción Legal del Embarazo por causales, son leyes que -entre otras tantas de Salud Sexual y Reproductiva- existen hace muchos años y están vigentes. Sin embargo, no siempre se aplican cabalmente, o no están instrumentadas de manera correcta, o son obstaculizadas por sectores primordialmente religiosos (aunque no en su totalidad). 

Estas leyes son las que dan fuerza y complementan la actual Ley 27.610 de IVE: son parte de un mismo recorrido. Pero los antecedentes de su falta de aplicación en muchas ocasiones, se traduce de manera directa en lo que pueda suceder ahora y sin duda, habrá que hacer un arduo trabajo mancomunado de acompañamiento entre los distintos sectores para que la Ley de IVE incluida en nuestro código penal, funcione.

Entre 2018 y 2020 el debate jamás se apagó en Argentina. Esos años transcurrieron entre acciones colectivas, marchas y convocatorias, encuentros plurinacionales que nuclean a mujeres, disidencias, travestis y trans junto con el movimiento Ni Una Menos, y el constante reclamo de la #EmergenciaNacional tras la incesante cifra de femicidios.

Todo este panorama y movimiento, permitió un importante “trabajo de campo” de parte del feminismo popular y disidente, que ha crecido y sumado adeptes de distintos sectores y colores políticos partidarios, convirtiéndose cada vez más en un movimiento que se desplaza cual fenómeno: habitando y haciendo presencia en barrios, provincias, ciudades del interior del país y que ha logrado así generar sus propias redes de contención y ayuda por fuera de los sistemas del estado.  

Sin dudas, dentro de los distintos sectores feministas, hay un ida y vuelta continuo y constante. Se habla, se discute, se debate y se organiza en grupos grandes y pequeños, en red y por redes o encuentros presenciales -cuando se puede- y siempre buscando el consenso más representativo posible. Es por esto que se maneja un amplio conocimiento y criterio de la realidad por fuera de las estadísticas “oficiales”, conociendo de cerca las necesidades que se presentan en las calles de los barrios, los hospitales y las salitas médicas.

Todos ellos representan motivos suficientes por los cuales, el movimiento feminista en su amplitud y diversiad, también es capaz de delinear horizontes claros de acción y con conocimiento de causa de cuáles son las necesidades a defender y reconociendo en la Ley un  gran “territorio ganado” pero también el primer paso de un largo trayecto de acciones que deberán ser trabajadas en consecuencia.

Luego de la sanción definitiva en la Cámara de Senadores el 29 de diciembre, el 14 de enero se promulgó la ley. Tan sólo diez días después entró en vigencia y al día siguiente, 25 de enero, se presentó la “Guía de Implementación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo”. El documento fue presentado sólo 72 horas después de la publicación en el Boletín Oficial; lo que marca que ya existía una decisión de avanzar de manera rápida en ese sentido.  

Si bien es cierto que ya existe el aval de una Ley, en la praxis puede pasar absolutamente todo lo contrario: que la/le paciente quede vulneradx y expuestx ya que socialmente el rechazo pronunciado por grupos religiosos existentes dentro del sistema de Salud Pública, es enorme y solo se encarga de entorpecer los procedimientos que voluntariamente se piden. 

En Argentina, acorde a cifras actuales de UNICEF se producen 10 partos de adolescentes por hora; y si bien los últimos años se presentó un descenso en los embarazos de chicas de 15 a 19 años, la cifra entre la población de 10 a 14 continúa estable.

Otra cifra interesante a tener en cuenta es que el 70% de los embarazos en adolescentes no son intencionales y ocurrieron en el marco de una relación sexual sin protección anticonceptiva o por imposición y, acorde a informe del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia 2017-2019 (Plan ENIA), en Argentina, una de cada cuatro adolescentes que tuvo su primer hijo entre 10 y 14 años, podría volver a ser madre antes de cumplir los 19 años. Estas cifras son las mismas que las brindadas por el Ministerio de Salud de la Nación, que muestran que en el 80% de las maternidades públicas del país, 29 puntos corresponden a las adolescentes que tienen un segundo y hasta un tercer hijo antes de cumplir 20 años.

En particular, las provincias de Misiones, Chaco, Formosa y Corrientes tienen muy altos índices de abuso y arrojan las cifras de maternidad infantil más altas del país que a su vez han incrementado, lamentablemente, durante la cuarentena. 

De cara a un panorama social donde conviven distintos dogmas religiosos e interesadxs en “proteger a las 2 vidas”, con rapidez se pronunciaron listas de “Objetores de Conciencia”. Las mismas fueron ejecutadas de forma “secreta para terceros”, esto quiere decir que quien quisiera acceder a una IVE o ILE no podría conocer de antemano si está frente a un médicx objetor, lo que hace más difícil el abordaje de la situación.

También desde el Colegio Médico de Chaco, la Jueza Marta Beatriz Aucar de Trotti -a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 19 de Resistencia- habilitó el pedido de una medida cautelar para suspender la Interrupción Voluntaria del Embarazo en toda la provincia, siendo ésta una medida que solo entorpece el accionar de una Ley que se encuentra en vigencia en todo el territorio nacional. Debido a esta acción, se espera la respuesta de autoridades provinciales y nacionales, ya que a su vez existe la posibilidad de llevar adelante un juicio político a dicha jueza porque la jurisdicción es nacional y no provincial.

Hay numerosos casos actualmente que confirman la falta de acción por parte de todos los sistemas (prevención, educación, salud y de acceso a la justicia), que históricamente han sido reclamados por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Libre y Gratuito y que hoy debieran estar garantizados por esta Ley.  A su vez, con todo lo que se ha ganado en materia de derechos humanos, podemos decir que queda expuesto el alto nivel de obstaculización y complicidad entre los mismos sectores; tal es el caso en la provincia de Misiones en el que una joven de 16 años que sufrió abusos intrafamiliares y violación por parte de prostituyentes, hoy está esperando un segundo hijo, siendo el primero un bebé de 2 años producto de uno de sus mal llamados “clientes”.

Esta Ley 27.610 de la que tanto hablamos, es también conocida como la Ley Dora, en honor a Dora Coledesky: abogada feminista que en 1988 formó parte de la Comisión por el Derecho al Aborto, que en 1990 redactó el primer proyecto de ley de anticoncepción y aborto en Argentina.

Este dato no menor, aporta conciencia de cuánto tiempo llevan miles de mujeres y disidencias pidiendo ser escuchadas. Hoy, luego de 33 años de una incesante y creciente lucha en torno a los derechos de Mujeres, Disidencias y Niñas no Madres, y gracias a en parte a estas mujeres que han pisado fuerte en las calles por donde habita la historia, podemos exigir y hacer valer el cumplimiento de nuestros derechos. Aunque el camino sea escabroso, algo tenemos claro: no estamos solxs.

Foto: Cecilia Garzón