Se trata de dos embarcaciones con armamento de guerra que desde el 22 de julio tienen su base operativa en el puerto de Posadas, provincia de Misiones


Posadas. 27/07/2018 (TR). El pasado 22 de julio llegaron al puerto de esta ciudad dos lanchas “Shalgag MKII” de tipo militar adquiridas a Israel con el supuesto objetivo de “controlar el narcotráfico”. Las embarcaciones tienen su base operativa en Posadas y llevan los nombres “Guaraní GC195” y “Mataco GC196”. En diciembre próximo se pondrán en servicio otras dos unidades similares, según anticiparon desde Prefectura.

De los navíos se destaca su “poder de fuego”, ya que tienen instaladas en la proa una ametralladora pesada calibre 50. Desde la Federación Argentina de la Industria Naval calificaron como “inapropiado y desmesurado” el uso de esos cañones, de 25 milímetros, ya que son considerados armamentos de guerra.

Las lanchas miden 25,5 metros de largo, 6 metros de ancho y 1 metro de alto. Pueden navegar a una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora y están equipadas con sistemas ópticos y electroópticos giroestabilizadores de observación diurna y nocturna y armamento operado a distancia con cámaras de alta precisión.

Estas embarcaciones fueron presentadas a fines de junio, durante el acto oficial por el Día de la Prefectura, en una ceremonia que estuvo encabezada por la vicepresidenta Gabriela Michetti y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Allí se detalló que serán utilizadas para “dar golpes de mano en zonas de acopio de droga”, ya que las unidades tienen la posibilidad de transportar a una sección de diez comandos.

Armamento de guerra

Adquiridas por un valor total de casi 50 millones de dólares, las lanchas artilladas provenientes de Israel cubrirán una zona de mil kilómetros bordeando las costas de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, entre las ciudades de Clorinda y Puerto Iguazú.

La Federación Argentina de la Industria Naval objetó la compra de las lanchas israelíes porque según afirmaron a través de un comunicado firmado por su Presidente, Juan Torresin, “la industria naval argentina está en condiciones de proveer las mismas lanchas con una marcada diferencia de precio, igual tecnología, calidad y tiempo de entrega”.

De este modo se sumarían a un esquema de militarización extranjera que ya cuenta con agentes de fuerzas norteamericanas en Misiones y la Provincia de Buenos Aires, según se informó oficialmente, y que incluye acuerdos comerciales relativos a la compra de armamento y software a las mencionadas potencia militares, así como programas para la capacitación del personal de las fuerzas de seguridad de Argentina.

La especialista en geopolítica Estella Calloni consideró que se trata del esquema de militarización extranjera “más importante que se conozca en la historia del país” y destacó que se realizó sin autorización del Congreso de la Nación, como lo prevé la Ley Nacional de Seguridad Interior.

En su columna del diario mexicano La Jornada, Calloni recordó que en Misiones ya se encuentra una “fuerza de tarea” de la Administración para el Control de Drogas​ de los Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés). Tal presencia fue posible mediante un acuerdo rubricado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en 2017 en Estados Unidos.

Las iniciativas del gobierno argentino en materia de Seguridad y Defensa han generado un clima de tensión que se tradujo en diversas manifestaciones de rechazo por organismos y personalidades del ámbito de los Derechos Humanos.

En declaraciones a la prensa, el pasado miércoles la Ministra Bullrich calificó de “hipócritas” a los sectores que impulsan las manifestaciones de rechazo.

“Asistencia” militar

Desde marzo de 2016 el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Seguridad encabezado por Patricia Bullrich impulsa acuerdos de cooperación con el Estado de Israel en materia de seguridad. El último de éstos es el “Acuerdo entre la República Argentina y el Estado de Israel sobre cooperación en asuntos de Seguridad Pública e Interior” y se rubricó el 12 de septiembre de 2017.

Allí se reconocen mutuos intereses en “proteger sus poblaciones, bienes e intereses frente a amenazas”, en la lucha “contra el crimen y garantizar la seguridad pública” y el “intercambio de conocimientos, experiencias, información, tecnología e investigación y desarrollo científico” en el área de seguridad pública e interior.

 

Foto: Emiliano Lasalvia (La Nación)