La presentación de un proyecto de ley a fines del mes pasado que declara la emergencia ocupacional en nuestro país tanto en el sector privado como en el estatal, y busca poner freno a los despidos, ha sido de más importante a la hora de tener en cuenta del lado de quién se pone el gobierno.

La ley estipula la imposibilidad de despedir trabajadores, aunque por un corto periodo de 180 días. O en el caso de que el trabajador fuera despedido, pagar una doble indemnización por parte del empleador.

Como era de suponer, el sector empresario que representa el poder económico concentrado y foráneo, sigue tomando revancha con las clases populares posicionándose en contra de esta iniciativa impulsada por la oposición. Desde la presentación del proyecto, los sectores empresarios ya dejaron clara su postura a través de los CEO´s que ocupan lugar como representantes del gobierno de Cambiemos.

Dicha iniciativa tuvo su visto bueno por la mayoría en la cámara de senadores, siendo aprobada con 48 votos a favor y 16 en contra, ya finalizando el mismo mes de abril. Luego, el proyecto con media sanción, pasaría a la cámara de diputados, plagada de debates y especulaciones, lo cual retraso la sesión una semana más, y cuya única finalidad, notoriamente, no era la preocupación por mantener los puestos de trabajo, sino lograr un posicionamiento político del partido gobernante que los pueda beneficiar ante un nuevo escenario electoral el año que viene. En este sentido, el jefe del bloque PRO, Nicolás Massot, sostuvo que no hay una ola de despidos en el país, e insto a que denuncien a todas las empresas que están despidiendo personal. Claramente, el jefe del bloque no está al tanto de los números que, semana a semana, arrojan los gremios y las distintas consultoras en cuanto a la cantidad de despidos en notorio aumento a lo largo y ancho del país, y cuya cifra ya supera los 140 mil personas. Por otro lado, Sergio Massa proponía un “acuerdo con condiciones”, siendo uno de los que más dilató la discusión en la cámara baja, ya que proponía “mejorar” el proyecto agregando un capítulo de beneficios impositivos para las pymes. A todo esto, el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, señaló que aprobarían el proyecto así como está, y trabajar en paralelo otra ley referida a las pymes, garantizando de esta manera que no haya más despidos.

Entre todas las idas y vueltas, el proyecto fue aprobado en la madrugada del jueves pasado, por 147 votos a favor, 3 en contra y 88 abstenciones, las cuales fueron casi todas del bloque oficialista de Cambiemos.

Cabe mencionar que el gobierno intentó sacar de la agenda política y mediática la sanción de esta ley, realizando por su cuenta un acuerdo -carente de explicaciones y bastante escueto-, con las cámaras empresarias en presencia de los sindicalistas como testigos, en el cual, los empresarios valoraron las acciones del gobierno y comprometían a no reducir su planta de empleados en los próximos 90 días. Esta maniobra no supone un freno a los despidos, sino el sostenimiento de la cantidad de empleados en cada empresa, y hasta resultaría paradójicamente beneficioso para los empresarios, ya que en caso de que despidiesen a trabajadores con mayor antigüedad y contratasen a nuevo personal, pagar las cargas sociales y otros derechos sociales por mayor antigüedad. A su vez, este acuerdo deja afuera a aquellos trabajadores cuyos empleadores no figuran entre los que firmaron el compromiso.

Lo cierto es que ese artilugio político -deseo del ejecutivo de dilatar la sanción completa-, no pudo impedir que el proyecto (que ya contaba con media sanción) pueda ser tratado y aprobado en diputados.

Sin embargo la nueva ley, aprobada por ambas cámaras, no tuvo ni un solo día de duración: en la mañana del 20 de mayo, durante un acto llevado a cabo por el Presidente Macri acompañado por la Gobernadora Vidal en la planta reabierta de Cresta Roja, anunció que vetará la ley de emergencia ocupacional.   Macri afirmó que según él, la medida es de “antiempleo y va en contra de los argentinos”, sosteniendo además que “es una ley que demuestra que no confiamos en nuestro futuro”. Es claro que el lugar elegido para dar este anuncio tiene una intencionalidad política, ya que la planta había entrado en quiebra a fines del año pasado, y ha sido reabierta durante esta gestión por un consorcio privado, transformando a la empresa en un ícono de “recuperación económica” para el macrismo.

Este anuncio nos muestra de qué lado de la mecha se encuentra el gobierno, que por cierto –y valga la redundancia- no es del lado de las clase trabajadora y de los más desposeídos. El veto utilizado por el presidente de la nación, refiere a un derecho constitucional del ejecutivo, pero que de ningún modo debería naturalizarse como método de gobierno, sobre todo ante una ley impulsada y aprobada por amplias mayorías sociales y políticas. Hoy en día, con el veto concretado y sin ninguna ley que proteja al menos parcialmente a los y las trabajadores o le brinde algún tipo de resguardo, se da lugar a los empresarios a despedir sin ningún límite ni beneficio para los trabajadores, ya que el veto es total, deja sin efecto la prohibición de despidos por seis meses y/o la doble indemnización en caso de despido. El gobierno de Cambiemos deja nuevamente a la clase trabajadora en situación de tensión y miedo a perder sus puestos de trabajo. Ante este escenario, los principales gremios nacionales, las CGT y la CTA se reunirían en Mar del Plata para evaluar las futuras medidas de fuerza que efectuarán ante el evidente desinterés del gobierno por conservar los puestos de trabajo.

Rápidamente el jefe de gabinete Marcos Peña, salió al cruce sosteniendo que no le sorprende que las CTA convoquen a un paro, remarcando que una de esas facciones es “kirchnerista” y la otra ha sido conflictiva con el gobierno desde el primer día, en referencia a las conducciones de Hugo Yasky y Pablo Micheli.

Contextualizando esta problemática, en la Provincia de Misiones, se da un escenario a futuro muy desfavorable para los diferentes sectores económicos como el de la yerba y el de la foresto industria. Ese panorama negativo no lo es necesariamente para los empresarios, sino para los trabajadores en general. En este sentido, el Secretario General del SOIME, Aureliano Sánchez denunció, durante las manifestaciones realizadas por los trabajadores del sector, semanas atrás en los mástiles del km 6 de la ciudad de Eldorado y en varias entrevistas, el desinterés del gobierno nacional, así como la inefiaz gestión del gobierno provincial ante la fuerte crisis que está atravesando el sector, la cual genera el 60% del producto bruto de la provincia.

El gobierno pretende colocar como variable de ajuste a los trabajadores, señala Aureliano. La inflación, que acarreó la suba de tarifas, alquileres, alimentos y transporte, golpea fuertemente el bolsillo de los trabajadores y esto produce consecuencias negativas en otras actividades económicas como el comercio. En Eldorado ya son más de 43 los comercios que se vieron obligados a cerrar sus puertas a causa de la fuerte devaluación iniciado en diciembre del año pasado. Actualmente, además de la obra pública, el sector de la construcción se encuentra prácticamente paralizado, y es este –entre otros sectores derivados- de los que más madera consume. De esta manera, el veto de la Ley Antidespidos, deja a los trabajadores totalmente desprotegidos, ampliando en nuestra provincia el número de familias que en los próximos meses estarán por debajo de la línea de pobreza si son despedidos trabajadores y trabajsdoras por falta de producción; dato que no es menor en una provincia con altos niveles de desigualdad.

Este veto, a favor de unos pocos, tiene su correlato con las políticas neoliberales que viene aplicando el gobierno de Cambiemos desde diciembre del año pasado, y hace ver las grandes contradicciones con respecto a lo que prometieron durante la campaña. El respeto a las instituciones, a la voluntad del pueblo y terminar con la pobreza, son elementos ausentes en la agenda de este gobierno que, por el contrario, generó –gracias a las políticas de recorte de subsidios y suba de precios- más de un millón y medio de pobres, más de 140 mil despidos y una transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados de más de 20 mil millones de dólares. Todo esto obedece al plan neoliberal que requiere mayor desocupación, argumentando mayor competitividad, lo que traerá más inversiones al país, mejorando la economía a partir del segundo semestre. Sin ir muy lejos, esta receta ya se aplicó en nuestro país durante la década del 90: ya fuimos testigos de los reiterados vaciamientos del estado y la entrega de nuestros recursos y servicios al sector privado y extranjero. Las consecuencias también las conocemos bien. Lo único que queda a la vista es un mayor empobrecimiento para las mayorías y mayores ganancias para los empresarios de nuestro país y las multinacionales.  Como respuesta desde el campo popular, es importante el fortalecimiento de las herramientas de participación a través de las organizaciones sociales, políticas y gremiales para hacer frente con unidad en la acción, buscando generar una alternativa que tenga como eje principal los intereses de los que menos tienen.