El Presidente de la Nación anunció una reforma sanitaria que se aplicaría en los próximos meses a todo el país: la cobertura universal de salud.

Estas medidas se fundamentan en que 15 millones de personas carecen de una cobertura de salud. Sin embargo, hay que señalar que estos habitantes son atendidos por el sistema público, el cual tiene grandes deficiencias por falta de políticas sociales equitativas. No obstante, sigue atendiendo a los que no pueden pagar algún servicio de salud.

La suma millonaria será aportada por el fondo solidario de redistribución, que se constituye a partir del 15% del aporte que hacen los trabajadores a sus obras sociales. Y se van a destinar a: infraestructura e insumos, un fondo de emergencia sanitaria, pagar una deuda a las Obras Sociales y el resto se invertirá en bonos del Tesoro Nacional para recuperar fondos a través de los intereses.

El sistema de salud argentino está fraccionado en varios subsistemas (medicina pre-paga, obras sociales y el sistema público), a su vez segmentado en 24 provincias, dificultando enormemente el abordaje e implementación de las diferentes políticas públicas. Hoy los tres subsistemas, el público, el de seguridad social y la medicina privada brindan prestaciones a los 40 millones de habitantes. Incluso, la ley 25.871 hace extensivo el acceso a la atención a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria.

Las obras sociales se consolidaron en el país en la década del 60, con la dictadura de Onganía. La seguridad social compra servicios al sector privado, haciendo que las empresas de salud privadas se desarrollen, tratando siempre de obtener ganancias con el menor costo posible.

Las obras sociales cubren de manera diferente a la población según el lugar del país. Esto incluye que existan diferencias en la atención de la salud, incluso dentro de las mismas instituciones. Las prepagas tienen planes diversos para sus propios afiliados. Por su parte estas empresas deben competir en el mercado, produciendo una mayor precarización en los trabajadores.

La cobertura universal de salud no es algo nuevo en la región, otros países como México y Colombia ya lo vienen implementando, ambos con resultados muy negativos.

Colombia es el primer país de Latinoamérica que implementó el Seguro Público de Salud (a principios de los años ´90). Consta de un sistema de salud financiado por el Estado y la ciudadanía y gerenciado por empresas aseguradoras privadas. Pero a pesar de la gran inversión esto no se traduce precisamente en mejoras en la salud de la población, sino que produce una mayor inequidad en el acceso a los servicios de salud. Cuenta con una mortalidad infantil de 17,4 por cada mil nacidos vivos.

En contraposición a esto está Cuba, un país donde todo el financiamiento y la gestión del sistema de salud son responsabilidad del Estado, con accesibilidad gratuita para todos, logrando de esta manera los mejores indicadores de salud en Latinoamérica: con una mortalidad infantil de 4,3. La más baja del continente, similar a los países desarrollados.

Los antecedentes en otros países muestran que este tipo de programas generan mayor inequidad, transformando al sistema de salud en algo puramente asistencial, quitándole prioridad a la promoción de la salud y prevención de enfermedades, pilares fundamentales de la salud pública.

La salud es un derecho expresado en nuestra Constitución Nacional, y el Estado es el responsable de garantizarlo. A pesar de la cobertura a toda la población y de la importante inversión, el actual modelo es injusto e ineficiente.

Es verdad que el sistema público de salud debería tener un mayor financiamiento; es verdad que hay que mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores de la salud; es verdad que aún falta mucho por hacer.

El desafío sería: ¿Cómo hacer para que nuestro sistema público de salud sea más eficiente, justo y equitativo?

Ramón Carrillo, médico sanitarista argentino, primer Ministro de salud de la República, considerado como el “ingeniero de la salud pública en el país” manifestaba con énfasis la importancia de la presencia del Estado para garantizar los derechos básicos, como la salud. Él expresaba:

“Los problemas de la Medicina como rama del Estado, no pueden resolverse si la política sanitaria no está respaldada por una política social. Del mismo modo que no puede haber una política social sin una economía organizada en beneficio de la mayoría.”

Si el objetivo es mejorar nuestro sistema público de salud, indefectiblemente la solución debería ser incrementar la participación del Estado en esta materia, acompañado de grandes inversiones apuntadas a fortalecer la Atención Primaria de Salud, a mejorar las estructuras hospitalarias, brindar tecnologías adecuadas y mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores. Y así brindar una atención gratuita de calidad a toda la población, sin discriminación ni exclusión de ningún tipo. Sin precisar tener un carne de pobreza o tener DNI. Es una cuestión de voluntad política.

En el marco de la implementación de medidas neoliberales de este nuevo gobierno vemos con gran preocupación que la salud sea considerada una variable económica. Este nuevo anuncio no es otra cosa que financiar con dinero del Estado, o sea del pueblo, a las empresas privadas de salud, habilitando mecanismos de autogestión y arancelamiento en los establecimientos públicos de salud.

Los verdaderos beneficiados de esta “Cobertura Universal de Salud” son un pequeño grupo de empresarios que lucran con la salud, los laboratorios farmacéuticos y las empresas de biotecnologías.

El plan enmascarado en resolver el derecho a la salud tiene el único fin de privatizar nuestro sistema público de salud, aunque sea de forma parcial. Repudiamos esta medida neoliberal que incrementará la brecha de accesibilidad de la salud de nuestra gente.

El desafío y el deber de todo el pueblo es luchar para que el Estado asuma su rol protagónico en un tema tan importante como la salud. Que incremente el financiamiento y mejore la distribución de los recursos. Que refuerce la atención primaria de salud, teniendo como pilares la promoción y la prevención.

Conscientes que la salud es un tema muy importante para dejarlo a voluntad de pocos, es nuestra obligación empoderar a todo el pueblo para defender la salud pública. Que las políticas sociales sirvan para mejorar la calidad de vida de todos, y no de los que más tienen. Imperiosamente hace falta la unión de todos. Los grandes derechos no se mendigan, se conquistan.

Reafirmamos que el Estado tiene la obligación de ser el ente rector en esta construcción de un sistema de salud público de calidad, verdaderamente universal y con accesibilidad para todos. No debemos dejar nunca en manos del libre mercado lo más sagrado que tenemos: el derecho humano a la salud.

 

 

Colaboración especial de Sebastián Tiozzo, Médico