Durante el fin de semana del sábado 7 de noviembre se produjeron protestas que fueron brutalmente reprimidas en distintas unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires. Cristian Cuevas, familiar de una persona privada de su libertad, expone su crítica hacia la militancia del movimiento de Derechos Humanos que respalda gobiernos discursivamente progresistas cuya política carcelaria se asemeja a la de los gobiernos neoliberales. En lo que respecta a la política penitenciaria, el nuevo gobierno parece no haber vuelto para ser mejor.

 

Me toca en lo personal. Me jode, la verdad. Y en realidad, no me extraña. Corría el año 2010 cuando el Servicio Penitenciario Federal, con Alejandro Marambio como director Nacional, irrumpió en el Centro Universitario de Devoto. En ese entonces, el Ministro de Justicia era el señor Julio Alak.

A raíz de unos supuestos “secuestros virtuales” se allanó el CUD, en pleno horario de cursada. Se lo destrozó y se lo cerró por dos días. Ello, a instancias de la Universidad de Buenos Aires, siendo esta responsable de autorizar el ingreso de fuerzas de seguridad a un espacio académico, donde, más allá de estar dentro de una cárcel, rige la autonomía universitaria.

Ahora bien, 10 años después, ¿qué sucedió? A raíz de que autoridades del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires anunciaron que las personas privadas de su libertad iban a poder recibir visitas (las cuales se cortaron hace 8 meses debido a la pandemia) y luego dieran marcha atrás con la medida, cuando muchas familias ya estaban viajando, se iniciaron reclamos al interior de las cárceles bonaerenses.

Ante esto, el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) desató una brutal represión contra los focos de protestas, las cuales, hay que decirlo, fueron muy fuertes. Toda persona vinculada a la temática cárcel sabe que el principal fusible de reacción para un/a detenido/a, es la visita, la familia.

Sin embargo, la represión no fue solo represión, sino que el SPB arremetió también contra los centros de estudios de las distintas unidades penitenciarias. Por caso, quizá el que más llama la atención es el del Centro Universitario de la UNSAM (CUSAM) que funciona en la Unidad Penal 48 de San Martín. Allí, el espacio Universitario apareció en ruinas, prendido fuego, literalmente.

Imágenes del incendio en el CUSAM

“Se han robado todo: más de 20 computadoras, proyectores, máquinas de foto, televisores”, explicó Abel Díaz, estudiante universitario de Sociología y vicepresidente del Centro de Estudiantes Azucena Villaflor del CUSAM, en una entrevista con El Grito del Sur. La comunidad universitaria lanzó una campaña de recolección de donaciones a la que se puede aportar haciendo click acá.

Es así que al finalizar las protestas y con la población encerrada en celdas y pabellones, fueron atacados los centros universitarios de la Universidad Nacional de San Martín (CUSAM) en la Unidad 48 de José León Suárez y de la Universidad Nacional de La Plata (CEU) en la Unidad 31 de Florencio Varela, siendo dañados libros y bibliotecas, destruyendo computadoras, instrumentos musicales, mobiliario y otros equipos, e incluso incendiando parte de las instalaciones. También hubo estudiantes heridos, y se produjeron traslados a otras unidades como una forma de represalia.

Esta práctica sería novedosa sino fuese que el Sr. Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos es, nuevamente, Julio Alak. Estando este señor al frente del Ministerio de Justicia de la Nación el Centro Universitario de Devoto –ícono y ejemplo mundial de Educación Universitaria en contexto de encierro- sufrió quizá el ataque más virulento de su historia. Diez años después, los Centros Universitarios de las cárceles de la provincia sufren los mismos y quizá peores embates que sufrió el CUD en aquel momento.

¿Es casualidad? Sería de muy mala leche –tal vez- pensar que a lo mejor el actual gobierno de la Provincia de Buenos Aires tiene algún encono personal con la Educación Universitaria en contexto de encierro. Uno, imaginando que esto es más propio de un gobierno neoliberal, de derecha como lo fue el de María Eugenia Vidal, descarta esta hipótesis. Pero lo cierto es que no sucedió en el gobierno de Vidal sino en el de Kicilloff. Y peor aún, cuando se atacó al Centro Universitario de Devoto se lo hizo durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.

En el kirchnerismo, quiérase o no, por casualidad o deliberadamente, se atacó a la educación universitaria en contexto de encierro. Quiérase o no, el desalojo y la represión en Guernica sucedió durante el gobierno de Kicilloff, y el desalojo en Escobar también. ¿Qué nos quiere decir esto? A vuelo de pájaro, que el kirchnerismo tiene un discurso muy progresista, muy popular, muy políticamente correcto, pero en los hechos cuando tiene que actuar ante aquellos que a priori son los más débiles, los más vulnerables, no escatima en reprimir.

La educación universitaria en las cárceles viene a traer una salida de la cárcel. Viene a ser una política de seguridad. Viene a disminuir el delito y, por supuesto, viene a disminuir la violencia en las cárceles. Por eso, estos sitios constituyen un espacio de resistencia a un sistema opresor y excluyente. Un preso que lee es cada día menos preso. Un preso que se instruye deja de ser un interno para convertirse en un sujeto de derechos. Quizá, allí resida el problema. Una persona que se forma, que se instruye, será un sujeto que dejará de ser materia prima del violento sistema penal. Eso al sistema no le sirve, le incomoda, es un recurso menos.

De los errores se aprende. Esta ya es la segunda vez que Alak ataca un proyecto que sirve, que funciona, que baja los niveles de reincidencia. Es hora de que a la par de una renovación del personal penitenciario, también lo haya a nivel político. El actual director del Servicio Penitenciario Bonaerense, Xavier Arases, –que viene de la gestión anterior– debería ser el primero en renunciar, o en el mejor de los casos, ser apartado de su cargo. Luego, tal vez, debería seguir Alak. Pero es mucho pedir, teniendo en cuenta que se sostiene a Sergio Berni como un super-ministro.

Quizá los militantes políticos, que mucho empeño y convicción le ponen a la militancia por los DD.HH. de las personas privadas de su libertad, sean quienes, desde abajo, desde las bases, vayan ocupándose de dar estos debates al interior e interpelar a quien haya que interpelar. Si no, toda la militancia, todo el trabajo que vienen haciendo hace años, cuando son gobierno, desaparece con actos como los de noviembre pasado.

* El autor es familiar de un detenido torturado y trasladado a una cárcel de la Provincia de Buenos Aires bajo la gestión de Axel Kicillof.