Piden que se revea la medida ya que la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior constituye una amenaza al Estado de derecho democrático

Posadas. 24/07/2018 (TR). Autoridades de Derechos Humanos de once provincias del país emitieron un comunicado conjunto en el que manifestaron “gran preocupación y ferviente rechazo” a la modificación del sistema de defensa nacional decretado por el Presidente Mauricio Macri en las últimas horas.

El pronunciamiento ha sido respaldado por integrantes del Consejo Federal de Derechos Humanos, entre ellos la Ministra de Derechos Humanos de Misiones, Lilia Marchesini, y el Subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia, Ramón Vázquez. Esta entidad reúne a las altas autoridades de Derechos Humanos a nivel nacional de las 24 jurisdicciones y la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación y tiene como principal objetivo “delinear y aplicar políticas públicas de derechos humanos en todo el país”.

Los funcionarios solicitaron que se revea la medida ya que “retrotrae los avances en materia de derechos humanos logrados por Argentina después de la época más oscura como fue la dictadura cívico-militar”.

Recordaron que a finales de mayo el Consejo Federal de DDHH se reunió en Salta y en ese ámbito ya habían advertido y expresado preocupación por las entonces crecientes versiones -fundadas en expresiones de funcionarios del gobierno nacional-, respecto a la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior.


Manifiesto del Consejo Federal de Derechos Humanos rubricado en Salta el 29 de mayo de 2018.

“En ese momento dijimos unánimemente, todas las provincias participantes, incluida la propia Secretaría Ejecutiva del Consejo, que pertenece y representa a la Nación, que dicha incumbencia era totalmente prohibida por las leyes sobre materia de Seguridad y Defensa y que no se ajustaba a estándares internacionales de DDHH constituyendo una amenaza al Estado de derecho democrático. Hoy esa amenaza se constituyó en una lamentable realidad”, señalaron.

Las autoridades de Derechos Humanos destacaron asimismo que “un país debe construirse con el respeto irrestricto de los derechos humanos y del sistema democrático” y consideran que esta decisión “no hace más que traer nuevamente el terror a nuestra sociedad, que mantiene la conciencia viva de lo que significaron los golpes de Estado, las desapariciones, las torturas y las muertes”.

“La seguridad de un país debe asentarse sobre la inclusión social, la educación, el trabajo y la salud, jamás sobre un sistema represivo. La deuda que tiene el Estado Nacional siempre será con el pueblo argentino y con el sostenimiento inclaudicable de la democracia”, subrayaron.

En ese sentido, reclamaron que se revea la decisión tomada, “para que podamos continuar por el camino de nuestras Madres y nuestras Abuelas, que es el camino de los Derechos Humanos y la Democracia”.

Suscribieron al documento Erika Brunotto, Secretaria de Estado de DDHH de Tucumán; Delfor Brizuela, Secretario de DDHH de La Rioja; Nadia Astrada, Secretaria de DDHH de Santa Cruz; Antonio Curciarello, Secretario de DDHH de La Pampa; Hernán Velárdez Vaca, Director de DDHH de Catamarca; Jorge Rodríguez, Subsecretario de DDHH de San Juan; Lilia Marien Marchesini, Ministra de DDHH de Misiones; Chochi Vázquez, Subsecretario de DDHH de Misiones; Hugo Raúl Figueroa, Secretario de DDHH de Santiago del Estero; Juan Carlos Goya, Secretario de DDHH de Chaco; y José Rodríguez, Director de DDHH de San Juan.

Grave retroceso

En un acto con autoridades de las Fuerzas Armadas realizado en Campo de Mayo -donde funcionó uno de los principales centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico-militar-, el Presidente Macri anunció este lunes que impulsaría una “nueva directiva de política de defensa nacional”. El primer mandatario afirmó que además de cumplir con las funciones primordiales de las Fuerzas Armadas como son la defensa de la soberanía y la custodia del territorio nacional, “es clave que puedan apoyar nuestra política exterior, y colaborar con la seguridad interior”.

Esa misma noche se dio a conocer el Decreto 683/2018 que tiene por fin modificar la reglamentación de la Ley Nacional de Defensa (Particularmente el Decreto 727/2006), que prohibía la actuación de las Fuerzas Armadas en asuntos interiores, y reservaba su actuación ante agresiones de origen extranjero perpetradas por armadas pertenecientes a otros Estados, quedando expresamente excluido, en su planificación y adiestramiento, como de su participación, el ámbito de la seguridad interior.

Según el nuevo Decreto presidencial, las Fuerzas Armadas estarían habilitadas no solo para actuar ante cualquier tipo de agresión externa, sino que además serían adiestradas y equipadas para brindar “apoyo logístico” a la fuerzas de seguridad.

La Ley de Seguridad Interior -cuya modificación se debería realizar a través de otra Ley formal o a través de un Decreto especial convalidado por el Congreso de la Nación- habilita al Ministerio de Defensa a recurrir a las Fuerzas Armadas de manera subsidiaria, previa declaración del Estado de Sitio -que debe ser autorizado por el Senado según la Constitución Nacional- ante “situaciones de extrema gravedad” para la seguridad interior.

Por estas razones, parte de la re-orientación de la política de Defensa Nacional y Seguridad Interior que impulsa el actual gobierno nacional no sería legal hasta tanto no tenga la aprobación del Congreso.

La ampliación de las facultades a las FF.AA. modificaría la Doctrina Nacional de Defensa y se opone a los consensos democráticos logrados por diferentes fuerzas políticas una vez recuperada la democracia, como los que fueron plasmados en la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Seguridad interior y el Decreto 727 reglamentario de la Ley de Defensa, de 1988, 1991, y 2006 respectivamente; normativa sancionada durante las presidencias de Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Néstor Kirchner.