Especialistas en geopolítica y organizaciones de Derechos Humanos alertan sobre injerencia estadounidense en Argentina en materia de seguridad y defensa. Aseguran que amenaza la soberanía argentina y pone en peligro los bienes comunes y los Derechos Humanos de la población.

Recientemente la Embajada de Estados Unidos en Argentina anunció oficialmente que a pedido del Ministerio de Seguridad de la Nación, un grupo de fuerzas especiales de la Policía Federal Argentina participará de un entrenamiento conjunto con el Comando de Operaciones Especiales Sur, unidad subordinada al Comando Sur de Estados Unidos, entre el 12 de julio y el 3 de agosto en la Provincia de Buenos Aires.

El Comando Sur, dependiente del Departamento de Estado Norteamericano (responsable de la política exterior estadounidense) es un organismo compuesto por diferentes fuerzas militares estadounidenses que, según afirma su sitio oficial, tiene la responsabilidad de “defender los intereses norteamericanos” en el territorio de América Latina, el Caribe y sus correspondientes zonas acuáticas adyacentes.

Desde que tomó estado público este acuerdo, especialistas en geopolítica llamaron la atención a la ciudadanía por las graves amenazas que conlleva en materia de soberanía, bienes comunes y Derechos Humanos.

La historiadora Elsa Bruzzone sostuvo en declaraciones a Hispan TV que el verdadero objetivo de Estados Unidos “es tener libre acceso y control de recursos naturales que son altamente estratégicos, no solamente tierras fértiles, sino parte de lo que es el cuarto gran reservorio de agua del mundo conocido como acuífero guaraní compartido por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay”. Alertó que esta sería la manera de ir intentando, a través de ejercicios militares y bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, o el apoyo científico a expediciones con camino a la Antártida, instalar bases en la provincias de Misiones, Jujuy y Tierra del Fuego.

Todo tiene que ver con recursos naturales, aseguró Bruzzone: “en el caso de Jujuy con el litio, en el caso de Ushuaia con la Antártida, mayor reserva de agua dulce congelada del mundo y territorio muy rico en hidrocarburo y minerales altamente estratégicos; y en el caso de Misiones, es uno de los puntos más importantes de recarga y descarga del acuífero guaraní”.

Mientras que para la experta en geopolítica Stella Calloni, la denominada lucha contra el narcotráfico y el terrorismo es una excusa para habilitar la presencia de Estados Unidos en la región. La especialista asegura: “hemos firmado tantos acuerdos de seguridad que inclusive se podrán poner agentes de espionaje en los aviones”, y señaló que a pedido del gobierno de Estados Unidos se habría puesto a disposición la base de datos de la ANSES a través de una resolución de la Jefatura de Gabinete, para facilitar información al gobierno norteamericano sobre ciudadanos argentinos.

Similares reclamos por parte de organizaciones políticas y sociales se han dado a raíz de operaciones realizadas o previstas en Chaco, Misiones, Tierra del Fuego y Jujuy.

 

Misiones en la mira

En Misiones, el gobierno provincial dio a conocer en febrero un acuerdo elaborado a través del Gobierno Nacional con el gobierno estadounidense para que un grupo de tareas de la DEA (Administración para el Control de Drogas por sus siglas en inglés) capaciten a las fuerzas de seguridad provinciales en la persecución del narcotráfico.

Según declaraciones del Ministro de Seguridad de la provincia de Misiones, Marcelo Pérez, la DEA no actuaría en Misiones, sino que formaría a un “grupo selecto”. El Gobernador de Misiones, Hugo Passalaqua, en un acto oficial frente a oficiales de la policía de Misiones, haciendo hincapié en la necesidad de formación continua de los agentes, manifestó: “Mandamos gente al FBI (Buró Federal de Investigaciones), estamos mandando gente a la Administración de control de Narcóticos (DEA); saben más que nosotros, ¿cómo no ir?; escucho voces irresponsables opinando sobre esta decisión, que es acertadísima”.

A su turno, la Ministra de Derechos Humanos de Misiones, “Tiki” Marchesini, declaró en una entrevista con una radio local que se trata de una medida ilegal e inconstitucional, que debe ser aprobada por el Congreso Nacional, y manifestó públicamente la demanda de información hacia la Ministra de Seguridad y su par provincial, Marcelo Pérez.

Marchesini calificó el hecho como una “invasión” y se preguntó: “¿Para qué nos va a venir a formar la DEA en algo que estamos haciendo bien, cuando sabemos que en todos los países en que ha tomado intervención la DEA ha generado caos?”; al mismo tiempo mencionó que “sabemos que Misiones tiene el acuífero guaraní, los recursos naturales, y esto recrea aquel apoderamiento de otro país que fue el Plan Cóndor”.

Al ser consultada sobre la supuesta de existencia de “células dormidas” de terrorismo internacional en la triple frontera como ha sugerido la Ministra Bullrich, Marchesini sostuvo que es absurdo y constituye “una excusa más para como para tomar posesión del territorio”.

Días más tarde, el diario El Territorio informó que funcionarios de la DEA participaron en un operativo anti-drogas en conjunto con las fuerzas de seguridad de Misiones y la justicia Federal, excediéndose en la función de capacitación que según afirmaron los funcionarios provinciales realizarían.

Para el abogado misionero Eduardo Paredes, especialista en Derecho Penal, el verdadero problema es que desde los años 80´ las fuerzas de seguridad interior se fueron militarizando paulatinamente, de tal modo que la Gendarmería, la Prefectura, y la Policía de Seguridad Aeronáutica son hoy policías militares. En una entrevista con el programa televisivo Otro Poder, analizó que detrás de estos cambios está la preparación de “un marco de seguridad y de represión ante el conflicto social”. Sostuvo que en la década del 70 “se usaron las fuerzas armadas y se llegó al extremo de desaparecer o matar, pero es una cuestión de grado”. Según Paredes, aún se está lejos de alcanzar un Estado constitucional aceptable.

 

Realineamiento con norteamérica

En un contexto de paz, sin hipótesis de conflicto el gobierno argentino ha adquirido armamento bélico y software a Israel, Estados Unidos, Francia y otras potencias militares, como ha trascendido a partir de informes de los periodistas Juan Amorín y Horacio Verbitsky en El Destape. Asimismo, el gobierno realizó compra de materiales bélicos que permanecen en secreto por razones de seguridad, según afirma el decreto 125/2018 de febrero.

A este escenario se suma la difusión de imágenes de “marines” estadounidenses en zonas urbanas de territorio argentino. La primera de estas apariciones se dió en la puerta de la sede del Banco Nación en Buenos Aires, a pasos de la Casa Rosada. La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich consultada por periodistas sobre la veracidad de las imágenes, se limitó a responder que no sería posible ya que “no ha habido este año una ley que habilite a fuerzas armadas de otros países a venir a la Argentina”.

Según el artículo 75 inciso 28 de la Constitución Nacional es una atribución exclusiva del Congreso de la Nación autorizar el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional.

En mayo de 2018, trascendió en algunos medios periodísticos a través de altos funcionarios como la misma Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, la voluntad del gobierno de modificar la reglamentación actual para permitir la intervención de las fuerzas armadas en la seguridad interna y responder a amenazas externas aún cuando no sean realizadas por un Estado, como por ejemplo en casos de terrorismo. El Presidente de la Nación, por su parte manifestó en un acto realizado por el día del ejército que “necesitamos Fuerzas armadas que brinden apoyo a las fuerzas de seguridad para cuidar a los argentinos”.

Conforme a la normativa de defensa y seguridad de Argentina, las fuerzas armadas tienen vedada la participación en asuntos internos, estableciéndose una clara distinción entre seguridad interior y defensa exterior.

Para el Centro de Estudios Legales Sociales (CELS), la política del gobierno en materia de Seguridad y Defensa se enmarca en un realineamiento de Argentina con Estados Unidos, que desdibuja las competencias en las tareas de seguridad y defensa, borrando los límites entre enemigos internos y externos, lo que implica desprofesionalizar las fuerzas armadas, poner en peligro su gobierno civil, y poner en riesgo los Derechos Humanos de la población.